En los últimos días ha empezado a adquirir carta de naturaleza la expresión “nueva normalidad”, y es que no constituye ninguna exageración afirmar que después de la conmoción mundial que nos ha tocado vivir, las cosas ya no serán igual. Las reuniones de negocios, políticas, religiosas, sociales, etc. serán de otra forma; los viajes ya no serán tan frecuentes; el endeudamiento personal y empresarial se tratará con más cuidado; muchos jóvenes que deseaban estudiar medicina lo pensaran dos veces; los niveles de consumo van a ser menores; la escogencia de funcionarios será distinta; y un largo etc. La normalidad que conocíamos y en la que habíamos vivido será distinta.

En estos días la consulta recurrente de nuestros clientes es fundamentalmente, como tratar las relaciones laborales. Es obvio que existirán quienes desean aprovecharse de la situación, pero la casi totalidad, está viviendo una situación muy difícil, pues no hay ingresos o están sumamente bajos y tienen la obligación y el deseo de cumplirle a sus trabajadores. Debo señalar que la inmensa mayoría se ha mostrado muy preocupada por ellos.

Será impostergable la generación de una NUEVA LEGALIDAD.

Esto me ha hecho reflexionar y generar la idea de que en Guatemala, teníamos derecho laboral para los días comunes, para fenómenos como terremotos o huracanes, pero no para una situación como la que el bicho tan mentado nos ha traído. Se me ha preguntado si es correcto negociar con el trabajador para pagarle solo una parte del salario: a todos les he dicho que conforme a la ley el salario es una prestación irrenunciable, la más importante, y que entonces aun cuando el trabajador admita temporalmente el arreglo, siempre existirá la posibilidad de un reclamo posterior; pero además he dicho que ante la realidad, las autoridades han de asumir conductas de tolerancia, conductas también distintas a lo que antes de marzo se entendía y hacia; que el mismo Código de Trabajo señala como atributo del derecho laboral el ser realista y objetivo, es decir, atender primordialmente a la realidad y como hemos venido diciendo, nadie, en todo el mundo, puede ignorar la nueva realidad que nos ha tocado vivir.

Me han preguntado si pueden variarse las jornadas laborales y pienso que sí, hay que ajustarnos a horarios impuestos por el gobierno como consecuencia de la emergencia, hay días en los que se puede salir de casa y otros no; en algunas labores agrícolas se inicia el trabajo antes de las cinco de la mañana, pero ahora, eso debe ser a partir de las seis; los cambios por necesidad son muchos. Bastante me llamó la atención una empresa donde a unos cuarenta trabajadores se les llamó para proponerles la suspensión del trabajo, la propuesta era la reapertura de la empresa al momento en que el gobierno lo permitiera, sin perjudicar los derechos laborales. Los trabajadores lo entendieron y lamentablemente tuvieron que aceptarlo, prefirieron la garantía de conservación de sus puestos, al posible cierre o quiebra de la empresa. Pero como siempre hay excepciones, hubo una trabajadora que no acepto la suspensión y exigió seguir trabajando, razón por la cual, la empresa la despidió admitiendo pagarle todas sus prestaciones incluida indemnización por despido, pero por medio de pagos parciales, no podemos hacer más le dijeron. Pues la trabajadora exigió el pago total y definitivo, amenazando con que de lo contrario demandaría a la empresa. Aquí me surge una duda: la indemnización por despido surge cuando el despido es injustificado, pero en un caso como el comentado, será que los jueces de trabajo calificarán de injustificado el despido, cuando la realidad lo hizo obligatorio, en otras palabras, ¿será que habrá que pagar indemnización por despido o no? En mi opinión no debiera pagarse dicha prestación, fundamentalmente porque existió una causa muy poderosa para el despido y luego, porque se ha ofrecido el pago y quien no lo ha aceptado es la trabajadora.

Pero la precariedad legal no se queda solo en lo laboral, muchas cuestiones civiles, mercantiles criminales, administrativas, han necesitado un nuevo trato o al menos, se ha justificado una forma distinta de acción a la normada por ley. Hace pocos días, el presidente del gobierno español, ante un congreso casi totalmente vacío, afirmaba que era necesario crear una nueva legalidad, pues con lo sucedido, estamos en presencia de una gran precariedad legal.

La emergencia ha demostrado que la pertinencia del gasto publico ha sido muy lamentable; el presupuesto ha servido para enriquecer a muchos (afortunadamente algunos ya condenados, otros en prisión y el mayor numero con orden de aprehensión o en proceso para llegar a tal cosa), no para atender los servicios públicos y las necesidades de la población. Por causa de la enfermedad más de la mitad del gobierno ha estado sin tener acción alguna, pero no ha pasado nada, nadie se ha dado cuenta de que no están funcionando, o lo que es lo mismo, habría que revisar la conveniencia de su existencia. Es muy penoso estado en el que se encuentran los servicios de salud, no por falta de presupuesto sino por causa de la corrupción. Entonces aparece la necesidad de crear nuevas maneras, nuevas formas de aplicación del presupuesto del estado y el endurecimiento de las sanciones para los corruptos y para las entidades que teniendo como función el control de tal tema, nunca lo han hecho. Habrá que modificar la ley del presupuesto, la ley de la Contraloría de Cuentas, la Ley de Responsabilidades, el Código Penal y el Código Procesal Penal, las normas que regulan la contratación de los médicos y el funcionamiento de los centros hospitalarios.

En el tema educativo, será necesario dar a los maestros nuevos instrumentos de trabajo, nuevas técnicas, nuevas responsabilidades y mejores controles para el cumplimiento de su labor. La educación, principalmente la servida por el estado, se verá obligada a un cambio rotundo. Pero en el sector privado, es muy difícil que se mantenga el sistema de fijación de cuotas escolares cuando el número de alumnos por aula deberá ser reducido, obligando nuevas contrataciones de personal y de espacio. En el nivel universitario habrá necesidad de nuevos métodos de enseñanza, de nuevas capacidades en los docentes, de mayores espacios, y por ejemplo: no creo que en la universidad nacional se pueda mantener la ridícula cuota que pagan los estudiantes. Estimo que en el campo de las universidades privadas, el problema será muy parecido, con el agravante de que la gran mayoría de universidades llamadas “de garaje” no podrán cumplir con tales requerimientos y entonces, o cierran o continúan engañando a los estudiantes como se ha visto a menudo. Un comentarista norteamericano ha dicho que una de las más afectadas en la actual situación será la “industria de las universidades”, el piensa que en Estados Unidos las cuotas se incrementarán no menos de un 14% y además, que algo así como el 30 % de las universidades cerraran definitivamente sus actividades. Y en lo administrativo, habrá que dotar al Consejo de Enseñanza Privada Superior de nuevas funciones y atribuciones, habrá que darle los instrumentos para que controle el quehacer de las universidades, dejando de ser simplemente el medio para obtener las patentes de corso que ahora se llaman universidades. Entonces, serán necesarias reformas a la Ley de Educación, a la Ley de Universidades Privadas e incluso a las reglas que atienden las relaciones meramente laborales de los maestros.

Otros que en estos días han brillado por su inactividad son los colegios profesionales. Todo el mundo, y esta expresión es tajante, ha reconocido en los profesionales y trabajadores de la salud a nuestros verdaderos héroes; si en la guerra se reconoce como héroe al que mata mas adversarios, en este caso nuestros héroes SON LOS QUE SALVAN VIDAS, los que nos defienden y protegen contra la enfermedad; puede ser lugar común, pero están exponiendo sus vidas y las de sus familias, están sufriendo muchas privaciones y peligros en defensa de todos nosotros. Entonces, sería muy interesante una declaración del Colegio Médico que reconociera tal cosa y que reclamara las mejores condiciones para el cumplimiento de sus funciones; pero los farmacéuticos, los odontólogos, los psicólogos, no han dicho nada y que decir de los otros colegios y de la flamante Asamblea de presidentes, que ahora se ve que solo sire para hacer currículo. Creo que al menos un llamado al cumplimiento de las normas de control de la enfermedad pudo haberse producido en estos dos primeros meses y medio. ¿No será que las normas constitutivas de estas instituciones también deben ser revisadas?

Si algo ha sido lamentable es la actuación del Congreso en general y en especial la de muchos diputados que evidentemente han abusado de su función. Y es que bajo el paraguas del equilibrio de poderes, de los pesos y contrapesos, se han dado a la tarea de intervenir, entorpecer y pervertir casi todos los procesos administrativos. Resulta un perfecto abuso que se hable de interpelar a un ministro, cuando recién ha asumido su cargo y ni tiempo de conocer su despacho ha tenido. Una sana disposición sería que la interpelación solo pudiera hacerse cuando ha transcurrido algún tiempo, seis meses por ejemplo; otro abuso lo constituye la posibilidad de que las bancadas, algunas integradas por uno, dos o tres diputados, tengan el derecho de citar a los funcionarios públicos; si las bancadas representan el origen partidario de los diputados, constituyen una forma de alcanzar acuerdos partidarios, pero la labor del Congreso se hace por medio de las comisiones de trabajo, por lo que debieran ser solo ellas las que pudieran citar, al fin y al cabo, están integradas por miembros de distintas agrupaciones políticas. Y ya que hablamos del Congreso, valdría la pena meditar si es necesario el gran número de diputados, si es necesario el listado nacional, si es correcta la reelección o si como en el caso del Parlamento Centroamericano, -que para afianzar su conducta de no servir para nada, no ha dicho ni esta boca es mía ante la gran emergencia que estamos viviendo-, requiere una revisión total, es posible que un congreso compuesto por no mas de cincuenta y cinco diputados sea suficiente, que restringir la relección de los diputados sea una necesidad nacional y que haya que eliminar el listado nacional; y en el caso de PARLACEN, quizá lo más conveniente sería plantear de inmediato el retiro de Guatemala.

Otro campo en el que serán necesarias reformas legales es el de los gobiernos locales, esta emergencia ha demostrado que las alcaldías y consejos municipales, en su inmensa mayoría no han aportado nada a la lucha contra la enfermedad, las pocas que han hecho algo, casi solo ha sido contradecir las decisiones de la autoridad central y poner en riesgo a sus poblaciones. Muy cerca de las municipalidades, los consejos de desarrollo prácticamente no han hecho nada. Las leyes de Municipalidades y de Consejos de Desarrollo, tendrán que ser revisadas, para que esas entidades se conviertan en algo más que un ente decorativo.

Pero no es solo eso: Los medios de transporte, de todas las clases, habrán de tener cambios radicales, muy probablemente aviones con más de trescientos pasajeros o autobuses con los pasajeros colgando en los estribos, no podrán volver a verse. El funcionamiento de los mercados, los horarios de trabajo, el soporte que han de tener los servicios de emergencia y así, son muchos los campos en los que deberán revisarse las normas.

Esta emergencia ha demostrado que nuestra organización es deficiente; que la legislación es en algunos casos anticuada y obstructora de las acciones urgentes; y que jamás habrá progreso y desarrollo social si no se hace un estudio cuidadoso y muy responsable que origine una nueva legislación para el país. Creo que es una tarea urgente y necesaria, y que deberá ser hecha en forma cuidadosa y pensando únicamente en el interés y desarrollo del país y no en la obtención de privilegios. Será impostergable la generación de una NUEVA LEGALIDAD.

Por Oscar Rivas Sánchez

junio 1, 2020

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